El asilo político es una figura jurídica que permite a una persona que se encuentra en una situación de persecución o amenaza grave en su país de origen, solicitar protección internacional en otro Estado. El asilo político es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, así como por la Constitución Española y la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria.
Sin embargo, pedir asilo político en España no es una decisión fácil ni exenta de riesgos. Aunque el asilo político puede ofrecer una oportunidad de vida digna y segura a las personas que lo necesitan, también implica una serie de desventajas que hay que tener en cuenta antes de iniciar el proceso. En este artículo, vamos a analizar algunas de las principales desventajas de pedir asilo político en España, así como las alternativas que existen para las personas que buscan protección internacional.
Asilo político: ¿qué es y cómo se solicita?
El asilo político es una forma de protección internacional que se concede a las personas que cumplen los requisitos establecidos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Según esta Convención, un refugiado es toda persona que:
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él.
Para solicitar asilo político en España, hay que presentar una solicitud formal ante el Ministerio del Interior, ya sea en la frontera o en el territorio español. La solicitud debe ir acompañada de los documentos que acrediten la identidad del solicitante y las razones por las que pide asilo. El solicitante también debe someterse a una entrevista personal con un funcionario especializado, que evaluará su caso y emitirá un informe.
El Ministerio del Interior tiene un plazo máximo de seis meses para resolver la solicitud de asilo. Durante este tiempo, el solicitante tiene derecho a recibir una tarjeta provisional que le permite residir legalmente en España y acceder a algunos servicios básicos como la sanidad, la educación o la asistencia social. Si el Ministerio del Interior concede el asilo político, el solicitante obtiene el estatuto de refugiado y puede disfrutar de los derechos y deberes que le corresponden según la legislación española. Si el Ministerio del Interior deniega el asilo político, el solicitante puede recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.
Desventajas de pedir asilo político en España
Aunque el asilo político puede ser una solución para las personas que huyen de situaciones de violencia o persecución en sus países de origen, también implica una serie de inconvenientes que pueden afectar negativamente a su integración y bienestar en España. Algunas de las principales desventajas son:
- Dificultad para obtener el asilo político: Según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se presentaron 88.762 solicitudes de asilo en España, pero solo se concedieron 5.896 (el 6,6% del total). Esto significa que la mayoría de las solicitudes fueron rechazadas o quedaron pendientes de resolución. Los motivos por los que se deniega el asilo pueden ser variados, pero en general se debe a que el solicitante no cumple los requisitos exigidos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o porque su caso no se considera lo suficientemente grave o urgente. Además, el proceso para obtener el asilo puede ser largo y complejo, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al solicitante.
- Limitaciones para viajar: Una vez presentada la solicitud de asilo, el solicitante no puede salir de España sin autorización previa del Ministerio del Interior. Si lo hace, puede perder el derecho a continuar con el proceso y ser devuelto a su país de origen. Esto supone una restricción a la libertad de movimiento y una dificultad para mantener el contacto con la familia y los amigos que se encuentran en otros países. Además, si el solicitante obtiene el asilo político, tampoco puede viajar libremente a su país de origen, ya que podría poner en riesgo su seguridad y la de sus familiares. Tampoco puede viajar a otros países que no reconozcan el asilo político o que tengan acuerdos de readmisión con el país de origen del solicitante.
- Problemas para acceder al mercado laboral: Aunque el solicitante de asilo tiene derecho a trabajar en España una vez transcurridos seis meses desde la presentación de su solicitud, en la práctica se enfrenta a numerosas barreras para encontrar un empleo. Entre ellas, se encuentran la falta de reconocimiento de sus títulos académicos o profesionales, la escasez de ofertas de trabajo adaptadas a su perfil, la discriminación por motivos de origen, idioma o religión, o la competencia con otros colectivos vulnerables como los inmigrantes irregulares o los parados de larga duración. Todo ello dificulta la inserción laboral y la autonomía económica del solicitante de asilo, que depende en gran medida de las ayudas públicas o de las organizaciones no gubernamentales.
- Dificultades para la integración social y cultural: El solicitante de asilo se enfrenta también a un proceso de adaptación a una nueva sociedad y cultura, que puede ser difícil y conflictivo. El solicitante debe aprender el idioma español, conocer las normas y costumbres locales, respetar los valores democráticos y los derechos humanos, y convivir con personas de diferentes orígenes y creencias. Todo ello supone un reto y un esfuerzo que puede generar estrés, frustración o rechazo. Además, el solicitante puede sufrir situaciones de aislamiento, marginación o exclusión social, debido a la falta de redes de apoyo, la escasa participación ciudadana o la hostilidad de algunos sectores de la población.
- Impacto psicológico y emocional: El solicitante de asilo suele haber vivido experiencias traumáticas en su país de origen, como violencia, tortura, amenazas, detenciones arbitrarias o separación familiar. Estas experiencias pueden dejar secuelas psicológicas y emocionales que afectan al bienestar y a la salud mental del solicitante. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, el insomnio o los trastornos somáticos. Además, el solicitante puede tener dificultades para expresar sus emociones o para pedir ayuda profesional, debido al estigma social o al miedo a ser rechazado.
Alternativas al asilo político en España
Ante las desventajas que implica pedir asilo político en España, algunas personas pueden optar por otras vías para obtener protección internacional o regularizar su situación administrativa. Algunas de las alternativas más comunes son:
- Protección subsidiaria: La protección subsidiaria es una forma de protección internacional que se concede a las personas que no cumplen los requisitos para obtener el asilo político, pero que se enfrentan a un riesgo real de sufrir daños graves en su país de origen. Estos daños pueden ser: la pena de muerte o la ejecución; la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes; o una amenaza grave e individual contra la vida o la integridad física por motivos de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado. La protección subsidiaria se solicita y se resuelve junto con el asilo político, siguiendo el mismo procedimiento. La diferencia es que la protección subsidiaria ofrece un nivel inferior de derechos y garantías que el asilo político.
- Autorización por razones humanitarias: La autorización por razones humanitarias es una forma de regularización administrativa que se concede a las personas que no cumplen los requisitos para obtener el asilo político ni la protección subsidiaria, pero que se encuentran en una situación excepcional que justifica su permanencia en España. Estas situaciones pueden ser: enfermedad grave que requiera asistencia sanitaria especializada; víctima de violencia de género, trata de seres humanos o terrorismo; o menor no acompañado. La autorización por razones humanitarias se solicita ante la Oficina de Extranjería correspondiente y tiene una duración de un año, prorrogable por otro año más. La autorización por razones humanitarias permite trabajar y residir legalmente en España, pero no otorga el estatuto de protección internacional.
- Reagrupación familiar: La reagrupación familiar es una forma de regularización administrativa que permite a las personas que tienen un familiar residente legal en España, solicitar una autorización para residir y trabajar junto a él o ella. El familiar residente legal puede ser: cónyuge o pareja de hecho registrada; hijo o hija menor de 18 años o mayor de edad con discapacidad; ascendiente en primer grado a cargo; o representante legal de un menor no acompañado. La reagrupación familiar se solicita ante la Oficina de Extranjería correspondiente y tiene una duración igual a la del familiar residente legal. La reagrupación familiar permite trabajar y residir legalmente en España, pero no otorga el estatuto de protección internacional.
- Arraigo social, laboral o familiar: El arraigo es una forma de regularización administrativa que permite a las personas que se encuentran en situación irregular en España, solicitar una autorización para residir y trabajar si cumplen ciertos requisitos. El arraigo puede ser social, laboral o familiar, según el tipo de vínculo que se tenga con España. El arraigo social se concede a las personas que acrediten haber residido en España durante al menos tres años, tener un contrato de trabajo y contar con informes favorables de inserción social. El arraigo laboral se concede a las personas que acrediten haber residido en España durante al menos dos años y haber trabajado durante al menos seis meses. El arraigo familiar se concede a las personas que sean padres o madres de un menor español o que sean hijos o hijas de un padre o madre español. El arraigo se solicita ante la Oficina de Extranjería correspondiente y tiene una duración de un año, prorrogable por dos años más. El arraigo permite trabajar y residir legalmente en España, pero no otorga el estatuto de protección internacional.
Conclusión
Pedir asilo político en España puede ser una opción para las personas que necesitan protección internacional por motivos de persecución o amenaza grave en sus países de origen. Sin embargo, el asilo político también implica una serie de desventajas que pueden dificultar la integración y el bienestar de los solicitantes. Por ello, es importante conocer las alternativas que existen para regularizar la situación administrativa y acceder a los derechos y servicios básicos en España. En cualquier caso, se recomienda consultar con un abogado especializado o con una organización no gubernamental que pueda ofrecer asesoramiento y acompañamiento durante el proceso.
