La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2022. Se trata de una norma que pretende proteger los derechos de las mujeres y las niñas frente a las violencias sexuales, y que supone importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas.
¿Qué dice la ley del ‘solo sí es sí’?
El principal postulado de esta ley es que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.
Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.
La ley elimina la distinción entre abuso y violación, que hasta ahora dependía de si había o no violencia o intimidación, y establece un único tipo penal de agresión sexual con una pena mínima de cuatro años de prisión. Además, agrava las penas cuando concurran circunstancias como el uso de armas, la participación de varias personas, la existencia de una relación de confianza o autoridad, o el hecho de que la víctima sea especialmente vulnerable.
La ley también introduce nuevos delitos como el acoso callejero, el acoso sexual por medios digitales o el sexting no consentido. Asimismo, refuerza la protección a las personas menores de edad y a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental frente a los abusos sexuales.
¿Qué medidas contempla la ley del ‘solo sí es sí’?
Además de reformar el Código Penal, la ley establece una serie de medidas para prevenir las violencias sexuales y garantizar una atención integral a las víctimas. Entre ellas se encuentran:
- La creación del Centro Estatal para la Prevención y Atención Integral frente a las Violencias Sexuales, que coordinará las políticas públicas en esta materia.
- La elaboración de planes específicos para prevenir y erradicar las violencias sexuales en todos los ámbitos: educativo, sanitario, laboral, deportivo, cultural, etc.
- La incorporación en el currículo escolar de contenidos sobre educación afectivo-sexual y prevención de las violencias sexuales desde una perspectiva feminista e inclusiva.
- La formación especializada y continua del personal sanitario, educativo, judicial, policial y social que intervenga con víctimas o potenciales víctimas de violencias sexuales.
- La garantía de asistencia jurídica gratuita y atención psicológica especializada para todas las víctimas desde el momento en que denuncien o soliciten ayuda.
- La creación de unidades especializadas en violencias sexuales dentro de los servicios sociales y sanitarios, así como de centros específicos para atender a las víctimas.
- La regulación del derecho a recibir información veraz y accesible sobre los recursos disponibles y los derechos reconocidos a las víctimas.
- La creación del Registro Estatal de Delincuentes Sexuales, que contendrá los datos identificativos y genéticos de las personas condenadas por delitos sexuales.
¿Qué valoración tiene la ley del ‘solo sí es sí’?
La ley ha sido impulsada por el actual gobierno español, declarado abiertamente feminista, que asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres. También ha contado con el apoyo de diversos colectivos feministas y sociales que llevaban años reclamando una reforma legal que pusiera el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y que garantizara una atención integral a las víctimas de violencias sexuales.
Sin embargo, la ley también ha generado críticas y polémicas desde distintos sectores. Algunos partidos políticos de la oposición han votado en contra o se han abstenido en el Congreso, argumentando que la ley vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, que crea una justicia penal de género y que invade competencias autonómicas. También han cuestionado la necesidad de crear un nuevo organismo estatal y han pedido más recursos para los servicios existentes.
Por otro lado, algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las personas LGTBI han expresado su decepción por la falta de inclusión de algunas demandas en la ley, como el reconocimiento del derecho a la autodeterminación sexual, la despatologización de las identidades trans y no binarias, o la abolición de la prostitución y la pornografía.
Asimismo, la ley ha generado una nueva controversia un mes después de entrar en vigor. Un “agujero legal” en la norma provocó que la aplicación de la misma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados por delitos sexuales cometidos antes de su entrada en vigor. Esto se debe a que el Tribunal Supremo estableció que se debe aplicar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, lo que implica que se deben revisar las sentencias firmes y sustituir las penas impuestas por las previstas en la nueva ley cuando estas sean inferiores.
Ante esta situación, el gobierno anunció que presentará un proyecto de ley para modificar el Código Penal y evitar que se produzcan estas rebajas de pena. Sin embargo, algunos juristas advierten que esta medida podría ser inconstitucional y contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Conclusión y resumen de la ley del solo sí es sí
La ley del solo sí es sí es una norma que busca garantizar el derecho a la libertad sexual y a vivir sin violencias sexuales. Para ello, introduce cambios significativos en el Código Penal y en las medidas de prevención y atención a las víctimas. La ley ha sido aplaudida por el gobierno y por los movimientos feministas como un avance histórico para los derechos de las mujeres, pero también ha recibido críticas y cuestionamientos desde distintos ámbitos políticos, sociales y jurídicos. Además, la ley ha generado una nueva polémica por su efecto retroactivo sobre algunas condenas por delitos sexuales anteriores a su entrada en vigor.
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